Costas judiciales en reclamación de deuda: quién paga

¿Quién paga las costas judiciales en una reclamación de deuda?

Cuando se habla de costas judiciales en reclamación de deuda, la respuesta breve es esta: en un proceso civil, suele pagar las costas la parte que pierde de forma sustancial, pero eso no significa que siempre las pague el deudor. Habrá que atender al resultado del procedimiento y, en su caso, a si existían dudas de hecho o de derecho, o a si la demanda solo se estimó parcialmente.

En la práctica, quién paga las costas judiciales depende de la condena en costas que acuerde el juzgado. Si el acreedor gana con claridad, puede imponerse al deudor el pago de esos gastos del procedimiento. Si el asunto presenta matices, si la reclamación solo prospera en parte o si la conducta procesal de las partes lo justifica, conviene analizar el caso concreto antes de dar por hecho ese resultado en un cobro judicial de deudas empresariales.

La regla general en la Ley de Enjuiciamiento Civil

La base legal principal está en el artículo 394 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, que recoge en primera instancia el criterio del vencimiento objetivo. En términos sencillos, si una parte ve rechazadas todas sus pretensiones, lo normal es que se le impongan las costas.

Aplicado a una reclamación de deuda, esto puede significar que, si el acreedor demanda y obtiene una estimación íntegra de su demanda de cantidad, el deudor sea condenado al pago de las costas. Pero no debe simplificarse en exceso: la condena en costas no es una consecuencia automática de presentar una demanda, sino del resultado del litigio y de la valoración judicial conforme a la ley.

También conviene recordar que la imposición de costas forma parte de la resolución judicial y que después puede abrirse, si procede, una tasación de costas para concretar qué conceptos y qué importes son repercutibles dentro de los límites legales.

Cuándo puede no imponerse toda la costa a una sola parte

La propia Ley de Enjuiciamiento Civil prevé matices relevantes. El artículo 394 LEC permite que no se impongan las costas a la parte vencida cuando el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. No basta con que una parte crea tener razón: tendrá que existir una verdadera complejidad o incertidumbre apreciable en el litigio.

Además, cuando hay estimación parcial de la demanda, lo habitual es que cada parte abone las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo que el tribunal aprecie temeridad en alguna de ellas. Por eso, si se reclama una cantidad superior a la finalmente reconocida, o si solo prosperan algunos conceptos, la imposición de costas puede variar de forma relevante.

En consecuencia, no conviene plantear la condena en costas como una regla rígida. Dependerá de la documentación, del alcance real de la deuda reclamada y de cómo quede resuelto el proceso civil de reclamación.

Qué importancia tiene el requerimiento previo de pago

El requerimiento previo de pago puede ser importante antes de demandar, tanto desde un punto de vista práctico como procesal. Sirve para dejar constancia de que el acreedor reclamó extrajudicialmente la deuda y de que el deudor conocía la existencia y exigibilidad de esa reclamación.

Esta conducta previa puede cobrar especial relevancia si se inicia una reclamación judicial y el demandado se allana. En ese contexto, el artículo 395 LEC contempla el régimen de costas en caso de allanamiento y da importancia a la posible mala fe, que puede valorarse, entre otros elementos, a la vista de un requerimiento fehaciente previo. No significa que todo requerimiento garantice por sí solo una condena en costas, pero sí que puede influir en la valoración judicial del comportamiento de las partes.

Desde una perspectiva estratégica, requerir de pago antes de demandar puede ayudar a intentar el cobro sin pleito, reforzar la posición del acreedor y ordenar mejor la prueba disponible.

Qué gastos pueden incluirse dentro de las costas judiciales

Las costas no equivalen a cualquier gasto que haya soportado el acreedor. Jurídicamente, hablamos de conceptos procesales que pueden incluirse en la tasación de costas conforme a la ley y bajo control del juzgado.

Entre ellos pueden figurar, según el caso, honorarios de abogado y derechos de procurador cuando sean procedentes, así como otros desembolsos procesales justificables. Ahora bien, habrá límites legales y control sobre su inclusión y cuantía. No todo lo facturado al cliente pasa sin más a la parte contraria.

• Las costas se someten a revisión mediante tasación de costas.
• Solo se incorporan los conceptos que sean legalmente repercutibles.
• La cuantía puede ser objeto de impugnación si se considera indebida o excesiva.

Qué conviene revisar antes de reclamar una deuda por vía judicial

Antes de presentar una demanda, conviene revisar varios puntos para valorar la viabilidad de la reclamación y el posible impacto de la imposición de costas:

• Documentación: contratos, facturas, albaranes, correos, reconocimientos de deuda o justificantes de requerimiento.
• Cuantía real: habrá que valorar si el importe reclamado está bien calculado y debidamente desglosado.
• Solvencia del deudor: ganar no siempre equivale a cobrar con rapidez.
• Estrategia previa: puede ser útil intentar una reclamación extrajudicial seria y acreditable.
• Riesgo procesal: si existen dudas de hecho o de derecho, o una posible estimación parcial, la condena en costas puede no ser la esperada.

En resumen, en materia de costas judiciales en reclamación de deuda, la regla general favorece que las pague quien pierde, pero hay matices importantes que pueden cambiar el resultado. La cautela útil es no dar por segura ni la condena en costas ni su alcance económico sin revisar antes la prueba, la cuantía y la conducta previa de las partes.

Si necesita valorar un caso concreto, lo razonable es revisar la documentación y el historial de requerimientos antes de decidir la vía judicial y su estrategia de reclamación.